Abogados de grandes lesionados y fallecimientos en Barcelona, Ibiza y Cádiz

Se considera gran lesionado a quien no puede llevar a cabo las actividades esenciales de la vida ordinaria o la mayor parte de ellas. Esta es la definición establecida en el artículo 52 del sistema legal de valoración de los daños causados a las personas en accidentes de circulación.

Entre las actividades esenciales de la vida ordinaria se encuentran comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse y acostarse, controlar los esfínteres, desplazarse, realizar tareas domésticas, manejar dispositivos, tomar decisiones y otras actividades análogas relacionadas con la autosuficiencia.

Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, los casos de:

• Lesiones medulares
• Paraplejias y tetraplejias
• Traumatismos craneoencefálicos graves
• Daño cerebral adquirido
• Lesiones neurológicas graves
• Estados de mínima conciencia o grandes alteraciones cognitivas
• Amputaciones
• Politraumatismos y fracturas múltiples con secuelas incapacitantes
• Pérdidas sensoriales graves, como ceguera o importantes déficits visuales
• Lesiones que provocan una incapacidad permanente o una gran dependencia
• Cualquier secuela física, psíquica, sensorial o cognitiva que impida a la víctima desenvolverse con autonomía

No es únicamente el diagnóstico el que determina la gravedad del caso.

Es necesario analizar cómo afectan las secuelas a la vida real de la persona: si puede asearse, vestirse, alimentarse, desplazarse, comunicarse, controlar su medicación, realizar las tareas domésticas, trabajar, relacionarse o vivir sin la asistencia continuada de otras personas.

Por ello, dos personas con una lesión aparentemente similar pueden necesitar soluciones jurídicas y recibir indemnizaciones muy diferentes, dependiendo de su edad, profesión, situación familiar, grado de autonomía, necesidades asistenciales y perspectivas de evolución.

Es importante diferenciar entre el hecho que origina la responsabilidad y el daño que finalmente se produce.

El origen puede ser un accidente de tráfico, un accidente de trabajo, una falta de medidas de seguridad, una negligencia médica, una caída, un accidente en un establecimiento o cualquier otra actuación que cause un daño indemnizable.

Sin embargo, cuando el resultado es una lesión extremadamente grave o el fallecimiento de una persona, las consecuencias trascienden el hecho concreto que provocó el daño.

La víctima y su familia pueden tener que afrontar necesidades médicas, asistenciales, laborales, económicas, psicológicas y familiares durante años o incluso durante toda la vida.

La causa del daño determinará quién debe responder, frente a quién se debe reclamar, cuál es el procedimiento adecuado y qué jurisdicción resulta competente.

No es igual reclamar frente a la aseguradora de un vehículo que frente a una empresa, una mutua, un profesional sanitario, un hospital privado o una Administración pública.

La especialización consiste precisamente en saber identificar todas las responsabilidades existentes y coordinar las distintas vías de reclamación para evitar que algún daño, gasto o derecho quede sin valorar.

En los asuntos de grandes lesionados no basta con calcular los días de curación y asignar una puntuación a las secuelas. Es necesario estudiar cómo esas secuelas van a afectar a toda la vida futura de la víctima.

La reclamación puede comprender, según las circunstancias del caso:

• Las lesiones temporales sufridas hasta la estabilización
• Los periodos de ingreso hospitalario o estancia en unidades de cuidados intensivos
• Las intervenciones quirúrgicas, tratamientos y periodos de rehabilitación
• Las secuelas físicas, neurológicas, cognitivas, psicológicas, sensoriales y estéticas
• El perjuicio moral por pérdida de calidad de vida
• La imposibilidad o dificultad para realizar las actividades esenciales de la vida ordinaria
• La pérdida de autonomía personal
• La necesidad de ayuda de tercera persona
• Los gastos de asistencia sanitaria futura
• La rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología y demás tratamientos futuros
• Las prótesis, órtesis, sillas de ruedas y restantes productos de apoyo
• La renovación periódica de esos productos y ayudas técnicas
• La adaptación o adquisición de una vivienda adecuada
• La eliminación de barreras arquitectónicas
• La adaptación del vehículo o el incremento de los costes de movilidad
• Los gastos derivados de los desplazamientos para recibir tratamiento
• La asistencia domiciliaria y los cuidados especializados
• La pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación
• El lucro cesante derivado de la incapacidad total o parcial para trabajar
• La pérdida de oportunidades profesionales futuras
• Los gastos soportados por la víctima y su familia
• Los daños materiales relacionados con el accidente
• El perjuicio moral sufrido por los familiares cuando su vida queda sustancialmente alterada por el cuidado del gran lesionado

La valoración debe proyectarse hacia el futuro. No se trata únicamente de determinar cuánto daño se ha producido hasta ese momento, sino de prever qué asistencia, tratamientos, adaptaciones y cuidados necesitará la víctima durante el resto de su vida.

Uno de los aspectos más importantes es determinar si la víctima necesita la asistencia de otra persona y durante cuántas horas al día.

Esta ayuda puede ser necesaria para levantarse o acostarse, cambiar de postura, asearse, vestirse, comer, desplazarse, utilizar el baño, controlar la medicación, realizar curas, acudir a rehabilitación o efectuar cualquier otra actividad esencial.

La necesidad de asistencia debe valorarse con criterios médicos y funcionales. No desaparece porque el cuidado sea prestado inicialmente por el cónyuge, los padres, los hijos u otros familiares.

El hecho de que la familia asuma personalmente los cuidados no significa que esa necesidad no exista ni que carezca de valor económico.

Además, la dependencia de la víctima puede transformar por completo la vida de quienes la cuidan. Los familiares pueden verse obligados a reducir o abandonar su trabajo, adaptar la vivienda, reorganizar toda su vida familiar y asumir una carga física y emocional continuada.

En determinados supuestos, esa alteración sustancial de su calidad de vida también debe ser objeto de valoración.

Cuando el daño se produce en el trabajo, es necesario estudiar no solo el accidente, sino también las condiciones en las que se desarrollaba la actividad laboral.

Debe analizarse si existían medidas de seguridad suficientes, si se habían facilitado equipos de protección, si la empresa había evaluado correctamente los riesgos, si el trabajador había recibido formación y si se cumplieron las obligaciones preventivas.

Un accidente laboral grave puede generar distintas consecuencias y reclamaciones: prestaciones de la Seguridad Social, incapacidad permanente, posible recargo de prestaciones, responsabilidad civil del empresario o de su aseguradora y, cuando proceda, responsabilidades administrativas o penales.

La existencia de varias vías obliga a coordinar las actuaciones para que la víctima o su familia puedan reclamar todos los derechos que les correspondan.

Más información sobre abogados de accidentes laborales.

En las reclamaciones por negligencia médica es necesario determinar si la asistencia prestada se ajustó a la práctica médica exigible y si el daño se habría evitado o reducido con una actuación adecuada.

Para ello deben estudiarse la historia clínica completa, las pruebas diagnósticas, los protocolos aplicables, las decisiones adoptadas, la información facilitada al paciente, los tiempos de respuesta y la relación causal entre la actuación sanitaria y el resultado producido.

Estos casos requieren habitualmente la intervención de peritos médicos especializados, tanto para valorar la posible infracción de la práctica médica como para determinar el alcance de las secuelas y las necesidades futuras de la víctima.

La vía de reclamación dependerá, entre otros factores, de si la asistencia se prestó en un centro público o privado, de la relación existente con el profesional o la entidad sanitaria y de las aseguradoras implicadas.

Más información sobre abogados de negligencias médicas.

Cuando el resultado es el fallecimiento, la reclamación no se limita a asignar una cantidad por la pérdida de una vida. Es necesario estudiar individualmente la situación de cada familiar perjudicado y las consecuencias personales y económicas que la muerte ha producido.

Pueden tener derecho a reclamar, dependiendo de las circunstancias, el cónyuge viudo, los miembros de la pareja, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y determinadas personas allegadas.

La indemnización puede comprender:

• El perjuicio personal básico derivado del fallecimiento
• Los perjuicios particulares vinculados a la convivencia, la edad, la discapacidad u otras circunstancias familiares
• Los gastos de asistencia médica anteriores al fallecimiento
• Los gastos de traslado, entierro, funeral y repatriación
• Otros gastos justificados ocasionados por el fallecimiento
• La pérdida de ingresos y el lucro cesante de las personas que dependían económicamente de la víctima
• Las consecuencias económicas derivadas de la desaparición de la persona que contribuía al sostenimiento familiar
• Los daños morales y psicológicos que, cuando proceda, excedan del perjuicio ordinario inherente a la pérdida

Ninguna indemnización puede reparar realmente la pérdida de una persona. La finalidad de la reclamación es exigir la responsabilidad correspondiente, obtener el reconocimiento jurídico del daño y proteger, en la medida de lo posible, la estabilidad económica de quienes quedan.

Los asuntos de grandes lesionados y fallecimientos no pueden abordarse como una reclamación ordinaria.

Exigen comprender simultáneamente las circunstancias del accidente o de la actuación médica, la evolución clínica, las secuelas, la dependencia, las necesidades futuras y la repercusión económica y familiar.

Nuestra intervención comprende el análisis de la viabilidad de la reclamación, la identificación de todos los responsables y aseguradoras, la recopilación de la documentación necesaria, la coordinación de los especialistas médicos y peritos, la valoración completa del daño, la reclamación extrajudicial y, cuando sea necesario, la defensa ante los tribunales.

Trabajamos exclusivamente en defensa de las víctimas y de sus familias. Esto nos permite actuar con independencia frente a aseguradoras, empresas, mutuas, centros sanitarios, profesionales y Administraciones públicas.

Nuestro objetivo no es obtener una compensación rápida que deje necesidades sin cubrir, sino conseguir que se reconozca la totalidad del daño: el que ya se ha producido y el que acompañará a la víctima y a su familia en el futuro.

Porque en los casos más graves no basta con conocer la ley. Es necesario entender el daño, anticipar sus consecuencias y defender de forma integral el proyecto de vida de la persona lesionada y de toda su familia.

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